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Por Mónica Uriel
MADRID, 31 (ANSA)- El gobierno español recurrió hoy ante el
Tribunal Constitucional el "proceso participativo" sobre la
independencia de Cataluña convocado por el presidente regional
catalán, Artur Mas, quien anunció acciones legales contra el
ejecutivo.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que
espera que Mas "esta vez cumpla las resoluciones del tribunal",
que suspenderá la consulta alternativa prevista para el 9 de
noviembre.
Mas dijo horas después que pese a la impugnación "completará
el operativo" del "proceso participativo" y anunció que estudia
presentar la próxima semana acciones legales "por el abuso de
poder y de derecho que está haciendo" el gobierno de Rajoy.
"No se puede utilizar el Tribunal Constitucional para
intentar que resuelva este problema, que es político", afirmó
Mas.
El presidente regional catalán convocó hace 15 días un
"proceso participativo" después de que la consulta inicial
convocada sobre la independencia fue anulada por el Tribunal
Constitucional tras ser impugnada por el gobierno.
"Si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el
segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que
representa y gobierna", abundó Santamaría.
La nueva consulta se quiere celebrar "sin ninguna base legal
y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas. Es un
proceso sin censo, sin administración electoral y pilotado por
quienes defienden un resultado concreto", dijo Santamaría.
Está "manejado por sus voluntarios captados, seleccionados e
instruidos por la Generalitat (gobierno regional catalán) que se
encargarían de todas las tareas, desde el registro de
participantes hasta el recuento y proclamación de resultados,
todo ello para que la Generalitat eluda sus responsabilidades y
delegarlas en voluntarios y funcionarios", añadió.
Las preguntas son las mismas que en la consulta inicialmente
convocada: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?". Y en caso
afirmativo ¿Quiere que sea un Estado independiente?".
El "proceso participativo" cuenta con la colaboración de más
de 40.000 voluntarios, según el gobierno catalán, entre ellos
7.000 funcionarios públicos.
Es precisamente la participación de los funcionarios en lo
que el gobierno español se escuda para impugnar la nueva
consulta.
"Uno de los motivos fundamentales de la impugnación es
proteger a esos funcionarios para que no se vean obligados a
incumplir la ley y a asumir personalmente una responsabilidad
ante la voluntad de Mas de no dictar ningún tipo de instrucción
que les coloca en una situación de intemperie legal", dijo
Santamaría.
Mas defiende que los funcionarios participan a título de
voluntarios.
El gobierno regional catalán ha previsto la colocación para
la consulta alternativa de 6.430 mesas electorales en institutos
de educación secundaria -cuyos directores colaboran como
voluntarios, según la Generalitat- y ayuntamientos de 938
municipios de los 947 que tiene Cataluña.
El presidente regional catalán reivindicó el "derecho de
conocer la opinión de la gente" y subrayó que "si un democracia
no permite expresar la opinión de la gente, quiere decir que no
es una democracia de calidad".
UR-ADG/MRZ
31/10/2014 21:16
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